El informe fue analizado durante la jornada titulada “Desafíos de Seguridad Jurídica en Iberoamérica” en la sede del SEGIB (Madrid) de 18 a 20h (se adjunta el programa) y en él se presenta el cambio respecto al enfoque tradicional sobre la materia, basado fundamentalmente en la seguridad jurídica para los negocios y el comercio internacional, poniendo el énfasis en la centralidad que ocupa la seguridad jurídica como eje vertebrador del desarrollo humano.
Así, se sostiene, que “todo aquello que las personas podemos hacer en ejercicio de nuestras capacidades depende crucialmente del respeto por la autonomía individual. Pero en un contexto de fragilidad de la seguridad jurídica, la autonomía individual se reprocha y no podremos hacer un uso lleno por dos razones: la primera es que la propia decisión individual puede verse restringida por la inseguridad jurídica y, en segundo lugar, la fragilidad de la seguridad jurídica se refleja también en la dificultad para prever las consecuencias de nuestras decisiones autónomas”. Esto tiene un impacto evidente en la vida económica, pero va mucho más allá de esta: es una condición para el ejercicio pacífico de los derechos de todo ciudadano.
El segundo grande cambio que se destaca en el informe es la necesidad de abandonar la visión de la seguridad jurídica como un reclamo de los actores privados hacia las autoridades estatales. Las diferentes esferas de la globalización (económica, digital, del crimen organizado, etc.), desbordan en gran medida las capacidades de los Estados y hace imprescindible, por un lado, una actuación internacional de armonización de regulaciones y de colaboración en el control de su cumplimiento, pero también, por otro lado, hace imprescindible concebir a los propios actores privados (especialmente las gran empresas) como proveedores de seguridad jurídica.
En este sentido, la actividad de los actores privados puede tener una gran repercusión en la sostenibilidad y la eficacia de los derechos de los todos los ciudadanos. El enfoque de las grandes empresas no puede ser, pues, meramente exigente de una seguridad jurídica provista por los estados, sino que tiene que ser proactiva para garantizarla: cuando una empresa proveedora de un servicio público no cumple las condiciones previstas, afecta a los derechos de los ciudadanos, o cuando se convierte en actor de la corrupción destruye también la seguridad jurídica.
El informe analiza, finalmente, los retos para la seguridad jurídica que suponen fenómenos diversos como la trasformación digital y la inteligencia artificial, la criminalidad organizada, la acumulación poblacional en grandes megalópolis o la necesidad de fortalecer la formación de las Administraciones y los Poderes Judiciales para una mejor aplicación del derecho.
